¿Desempleados o esclavos?

Hay dos maneras de acabar con el desempleo. A través de políticas de empleo serias y con el compromiso de todos los agentes sociales o mediante la manipulación de las estadísticas. En España parece que se va a optar por esta segunda opción.

Con la entrada en vigor del euro se cambió el método de cálculo del Indice de Precios al Consumo (IPC), de manera que en enero, mes donde tradicionalmente subía la inflación, los precios bajaron. Increible, pero cierto. Visto el éxito de tal manipulación (si la subida de sueldos y pensiones se calcula en base al IPC está claro que con ese nuevo índice van a incrementarse menos -un ahorro para las arcas públicas-, aunque en realidad suponga una pérdida de capacidad adquisitiva para los ciudadanos) el gobierno ha decidido aplicar medidas creativas en otro campo donde tradicionalmente los números les dan la espalda, el del empleo.

A efectos estadísticos oficiales son desempleados quienes están inscritos como tales en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo. En cambio, las cifras -muy superiores- que da la Encuesta de Población Activa se dejan de lado, a pesar de registrar a todos los que no tienen trabajo (o precisamente por ello), estén o no en las listas del INEM. Es ocioso decir que muchas personas no van al INEM porque saben que a través suyo jamás encontrarán empleo, ya que es un ente burocrático de nula efectividad para una de las prioridades que se le supone como la de facilitar el acceso al mercado laboral.

Como los números (ni económicos ni de personas sin empleo) no acaban de cuadrar al gobierno español, tan sensible a todas las cuestiones sociales, ha decidido reformar el subsidio de desempleo. El INEM ahora impondrá los trabajos que estime adecuados a los desempleados que cobran prestaciones. Tanto da que suponga un sueldo inferior a la prestación que cobra, que sea temporal, que sea en un sector o especialidad en la que nunca ha trabajado el desempleado, o que el trabajo esté a 50 km. o 3 horas de desplazamiento del hogar del parado. Supongo que muchos empresarios aprovechados están frotándose las manos ante el alud de mano de obra barata y casi sin derechos (el que se niegue a aceptar sus ofertas será penalizado por el INEM) de la que van a disfrutar por sueldos miserables y condiciones laborales leoninas. ¿Ilegal? No nos engañemos, una cosa es la normativa legal y otra la realidad que nos encontramos en el día a día. Recordemos una de las frases de moda en las empresas: "si no te gusta te vas a la calle". Ahora cabe añadir: "y sin cobrar el paro".

¿Quién decidirá cuál es un "trabajo adecuado" para cada desempleado, porque ya se insinua que con el tiempo puede ser tarea de empresas privadas y no del INEM? ¿Y con qué criterios? No se trata de una alternativa, quede eso claro, sino de una imposición, pues caso de rechazar la oferta de trabajo se recorta la prestación a cobrar y con el tercer rechazo se pierde el derecho al subsidio por desempleo. Parece que serán criterios similares a los de la empresa privada: por objetivos. Hay que reducir el paro en tantas personas, por tanto hay que colocar a esas personas donde sea y como sea. Igualito que los éxitos alcanzados hasta hoy en la lucha contra el paro: nos dicen que se han firmado un millón de nuevos contratos, de los cuales ni un diez por ciento son indefinidos -algo que soslayan- y ya no dicen cuántos de ellos son inferiores a un mes, por ejemplo, porque todos sabemos que una persona puede firmar muchos contratos de corta duración; desgraciadamante un millón de contratos no equivale a un millón de personas contratadas. Antes hablábamos de ingeniería financiera, ahora nos encontramos con la ingeniería laboral. Lo triste es que el defraudador sea el propio estado.

Se nos dice desde el gobierno, con tono quejumbroso, que la mayoría de los desempleados agota el cobro de la prestación. Bueno, están en su derecho. Normalmente no es por gusto o por vagancia, como viene a insinuarse desde instancias oficiales. Suele deberse a falta de ofertas laborables en condiciones, como un sueldo digno y es conocido que nadie se hace de oro con el subsidio, así que cuando ofrecen un empleo en el que todavía pagan menos que la prestación por desempleo están pagando una miseria. Además, muchas empresas aprovechan la coyuntura para apretar más las tuercas al desempleado que busca trabajo, exigiéndole más horas de las que debe hacer por convenio o que firme por anticipado su propio finiquito, por ejemplo. Es decir, estamos ante unas ofertas laborables que no son precisamente dignas. Pero para el gobierno la culpa es del trabajador y no del empresario aprovechado. Así que para cuadrar las cuentas públicas decide dar la puntilla al sector más débil, amenazando con retirarle las prestaciones a las que legalmente tiene derecho si no acepta ofertas de empleo tan fabulosas como las descritas.

Está claro que ante la posibilidad de perder las prestaciones quienes tienen que mantener una familia, pagar una casa, etc., aceptarán lo que sea. Qué remedio. Como siempre los trabajadores menos cualificados serán los más perjudicados. Se dice en el proyecto que es admisible gastar hasta una quinta parte del sueldo en el desplazamiento. Es decir, que de un sueldo de 600 euros mensuales (nuestras antiguas cien mil pesetas) el gobierno entiende que es lógico que se volatilicen 120 por el transporte. Si además se tiene que comer fuera de casa más gasto todavía... ¿Qué les queda al final de mes? Las consecuencias económicas son claras. ¿Y las familiares? Porque a quien tenga hijos se le añade otro problema. Si está todo el día fuera de casa porque trabaja lejos, ¿quién se ocupa de los críos? Porque ocho horas de trabajo que son más, más unas cuantas más de viaje, ¿qué tiempo libre deja? ¿Cómo se puede atender así a una familia? Por un lado Aznar dice que la escuela no debe ser un aparcamiento de niños, algo evidente, y por otro se queja de la bajísima natalidad española, que pretenden incentivar con una subvención de 100 euros anuales. Una vez más, estos gobernantes que viven en una realidad alternativa a la de la mayoría de la gente, no se enteran de nada. Y al moribundo al que ponen una tirita en una herida con la esperanza de que así se cure se les desangra por todas las demás que son incapaces de apreciar. ¿Esperan que así los jóvenes con empleos precarios se animen a tener hijos? ¿Cómo se atreven a exigir a los padres que asuman su responsabilidad como tales cuando se les puede obligar a estar todo el día fuera de sus hogares?

Por si fuera poco se pretende eliminar el salario de tramitación, es decir, el sueldo que percibe el trabajador despedido mientras se resuelve el despido improcedente por parte de la empresa mediante conciliación o en los juzgados. Otra manera sibilina de ir preparando el terreno al despido libre. En Italia Berlusconi, un buen amigo de Aznar, ha provocado una huelga general al intentar instaurarlo. Ya veremos cuánto tarda el gobierno español en perder los últimos restos de vergüenza y seguir el camino italiano. Tal vez espere a que pasen las próximas elecciones. Tiempo al tiempo.

Lo que no es justo es recortar derechos adquiridos por todos los ciudadanos desde el momento que pagamos nuestros impuestos. Si los números no cuadran es responsabilidad del gobierno perseguir a quienes cobran el subsidio y a la vez trabajan (así como a la empresa donde trabaja y defrauda sus impuestos, porque las dos partes son culpables). Pero es más fácil que los de abajo paguemos todo lo que los de arriba defraudan al fisco y ahí está el ejemplo del caso BBV. Las grandes fortunas sacan dinero a paraísos fiscales y el Ministerio de Hacienda ni se entera ni hace nada, salvo tener vigilados con lupa a los asalariados que ganamos cuatro duros. Resulta más cómodo abandonar a los trabajadores de empresas como Lear o Fontaneda que poner en aprietos a las multinacionales que los echan a la calle y que en su momento recibieron sustanciosas subvenciones para instalarse aquí, ayudas que salen de nuestros impuestos y que no devuelven cuando se van a otros países.

Desde hace unos años se tiene a los parados por una especie de leprosos laborales, parásitos que pretenden lucrarse a través del dinero del estado, estigmatizados por el neoliberalismo que alienta al darwinismo social y que se basa en una mentira tal como que "el que no trabaja es porque no quiere". Esa mentira ha crecido al mismo tiempo que el mantra popular del "España va bien". Realmente, ¿el que no trabaja es porque es un vago? Quien conoce este país sabe que hay muchos colectivos arrinconados por el mercado laboral. Que pregunten a los mayores de 40 años, o a las mujeres, o a los jóvenes que buscan su primer empleo... Todo el mundo quiere trabajar, lo que no es de recibo que para ello te exijan transigir con condiciones de trabajo de tipo medieval y debas dejar tu dignidad a la puerta de la empresa.

¡Basta ya de considerar al desempleado como a un número más de las estadísticas! Lo crean o no nuestros gobernantes y los defensores del neoliberalismo los parados son personas a quienes la falta de trabajo acaba ocasionando depresiones, enfermedades, hasta convertirse en una tragedia personal y familiar, y no son el personaje de la cigarra en la fábula de las hormigas. Necesitan trabajo, sí, pero un trabajo digno como cualquier otra persona y no las migajas que caen de las mesas de los poderosos, quienes encima esperan gratitud y lealtad por las sobras que nadie quiere.

El trabajador con contrato para siempre se está convirtiendo en una especie en extinción. Los demás, la mayoría, dependemos cada vez más de nuestro grado de especialización. Cuanto menos cualificado es el trabajo desempeñado más posibilidades existen de ser, tarde o temprano, un elemento prescindible en la empresa. Lo malo no es sólo eso, sino la dificultad de reincoporarse al mercado laboral una vez expulsado del mismo, a expensas de aceptar cualquier oferta que llegue por mala que sea, máxime si se limita el cobro del subsidio por desempleo. ¿Para qué nos descuentan un porcentaje de nuestro sueldo para el desempleo si cuando, por desgracia, llega la necesidad de cobrarlo nos ponen trabas?

Esa es la política social del gobierno del PP: regatea migajas a los ciudadanos y mima a los poderosos. Aun tendremos que darles las gracias, pues pensaban en un inicio obligar a los desempleados a aceptar el trabajo que fuera estuviese donde estuviese, a quinientos metros de casa o a quinientos kilómetros. ¿El sueldo compensaría entonces llevarse a toda la familia a la aventura, pagar en muchas ocasiones otra vivienda (si la familia se quedara en su hogar), o ni tan siquiera daría para pagar una vivienda teniendo en cuenta su precio en España? ¿Qué pasaría en una pareja con el que trabajaba, dejaría su trabajo -vaya paradoja- para acompañar al que tiene que desplazarse? ¿Se iba a crear una subespecie de trabajadores errantes, desplazándose por todo el país de trabajo temporal en trabajo temporal, a solicitud de quien demandase mano de obra barata y resignada a su suerte? Eso sí que hubiera originado una revolución. ¿O estamos tan aborregados que hubiéramos tragado, igual que con tantas otras imposiciones injustas del PP?

¿Estas nuevas medidas acabarán con el paro? Es posible que terminen con el paro, lo que no es sinónimo de signifiquen una creación sostenible y adecuada de empleo. Más bien pretenden maquillar las estadísticas del desempleo a gusto del gobierno que contribuir a crear más puestos de trabajo.

Cachelo

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