El gobierno se comprometió a cumplir antes de junio del 2002 el plan referido a las 29 recomendaciones formuladas por la Organización de Estados Americanos (OPA) para fortalecer el sistema democrático del país.
Según el cronograma oficial, la primera etapa a cumplir -antes de concluir el presente año- estará referida a asegurar la independencia del Poder Judicial, por lo cual se comprometería a disolver las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En esta misma etapa se encuentra incluida la solución del caso del empresario peruano- israelí, Baruch Ivcher Bronstein, así como garantizar la independencia de los medios electrónicos y permitir el acceso irrestringido a ellos. El gobierno también se compromete a discutir el manejo de la publicidad estatal conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El establecimiento de un Plan Nacional de Protección de Derechos Humanos, la ejecución de un programa de lucha contra la corrupción y la reforma de las Fuerzas Armadas para asegurar que los ascensos, retiros o cargos de trascendencia obedezcan a criterios profesionales y transparentes, también figuran en esta primera etapa de ejecución.
2001
Entre os temas que serán ejecutados durante el próximo año figuran: la solución de los casos de los canales 2 y 13; asegurar la constitucionalidad de la legislación mediante la restitución de los miembros del Tribunal Constitucional 0 elección de nuevos miembros; el fortalecimiento de la función fiscalizadora del Congreso y la ampliación de esta función con respecto a la Contraloría.
También figuran la reestructuración y fusión de¡ sistema electoral y el establecimiento del distrito electoral múltiple.
La adecuación de la ley que regula los servicios de inteligencia para poner fin a la participación en actividades no relacionadas con la seguridad una comisión parlamentaria de control de cuerpos de inteligencia son aspectos que deberán resolverse en esta segunda etapa, entre otros temas.
2002
En esta tercera y última etapa, el gobierno se comprometió a trabajar en la reforma del sistema ole justicia militar.
También -se comprometió a abocarse a aspectos como la resolución del problema de la provisionalidad de los jueces, la restauración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y asegurar la independencia -para la selección de jueces y fiscales.
Asimismo, la restauración de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y estudiar la posibilidad de retorno a la jurisdicción contenciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
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