"SOBRE LA EXPROPIACIÓN "


El 23 de febrero de 1983, despues de solo cuatro meses en el poder, el nuevo Gobierno Socialista en España, anunció una espectacular y controvertida decisión: había expropiado el mayor holding privado de España, el Grupo Rumasa -el cual pertenecía y estaba controlado al 100% por la familia Ruiz-Mateos-.
Esta acción fue tomada por sorpresa, por la noche, y sin base ni justificación alguna. Prueba de ello, es que después de catorce años aun no se conocen los motivos por lo cuales se produjo la expropiación.

Las resonancias de esta decisión continuan hoy en día y no es probable que se llegue a adoptar una resolución legal antes de final de siglo.

Desde el principio de este lamentable asunto, los creadores y legítimos propietarios del Holding Rumasa han sostenido, con fuerza, y con una justificación evidente, que la expropiación fue fruto de un acto político premeditado y deliberado, cuyo objeto principal era potenciar el respaldo electoral al nuevo gobierno socialista y dar satisfacción ideológica a los elementos radicales españoles, cuya antipatía a la Compañía y su éxito era palpable.

La acción que emprendió el Gobierno Socialista no tiene precedentes en España. A pesar del atropello público que supuso la expropiación, ésta no dió lugar a consecuencias políticas adversas. El gobierno no cayó, cosa que sí ha ocurrido en Grecia, a pesar de que en este país se daban unas circunstancias ridículas comparadas a las que rodearon el caso Rumasa.

Los legítimos propietarios, reconocidos juristas y amplios sectores de la sociedad española nunca se han acobardado en calificar esta decisión y sus consecuencias como fraudulentas.

La increíble decisión política de expropiar y disponer de los activos de la Compañía benefició; enormemente a los competidores de Rumasa. En particular, a las instituciones financieras, de una manera que ellas nunca pudieran haber previsto ni imaginado.

De un solo golpe los grandes intereses bancarios privados de España no sólo se libraron de un competidor muy importante en el mercado sino que consiguieron incrementar su negocio con los activos, depósitos y oficinas de los bancos de Rumasa, al escandaloso precio simbólico -de una peseta por acción, a pesar de la promesa del Sr. Boyer, Ministro enconces de Economía y Hacienda, de no desintegrar el grupo bancario.

Aparte de la injusticia total a Rumasa, esta dispersión de intereses bancarios proporcionó a sus competidores unas ganancias inesperadas, causó un daño casi irreparable a las finanzas públicas españolas e inició una saga de litigios que no benefician la imagen de España, ni de sus instituciones políticas, financieras y comerciales.

La afirmación del Ministerio de Economía y Hacienda diciendo que el Grupo Rumasa era un peligro para el sistema financiero español era claramente difamatoria e incongruente. Su declaración acerca que el Holding comprendía sólo 200 compañías, en vez de 700 -hecho que podían haber comprobado a través de contactos con firmas auditoras, de reputación internacional, en nombre del Grupo- es una indicación de la ignorancia del Gobierno Socialista sobre los detalles exactos del Holding, así como una evidencia más de la pura y simple motivación política que origino la expropiación.

Los hechos en que se apoya esto son muchos e innegables.Tres ejemplos concretos bastarán:
(a) El Banco Atlántico fue revendido por 5.000 millones de pesetas, que es el equivalente de los beneficios de un solo año. La comunidad internacional bancaria contempló esta venta con incomprensión e incredulidad;
(b) Loewe, la mayor cadena española de artículos de lujo, fue revendida en medio de críticas en los medios de comunicación por escándalo y corrupción.
La esposa del Ministro de Economía, en 1983, -principal responsable de la expropiación- recibió una comisión de 50 millones de pesetas por la venta de Loewe.
(c) La venta de Galerías Preciados fue todavía una escándalo mayor. Galerías Preciados era la segunda mayor cadena de almacenes española. El Estado perdió alrededor de 40.000 millones de pesetas en la transacción. Sin embargo, el comprador, el Sr. Gustavo Cisneros, un hombre de negocios venezolano muy próximo al Sr. Boyer, Ministro de Economía y Hacienda de España, y a los señores Felipe González, Presidente del Gobierno Español y Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela, ganó en la reventa alrededor de 30.000 millones de pesetas.

Ejemplos similares de prácticas comerciales indeseables de corrupción política y administrativa son innegables en la reventa de la mayor parte de las compañías pertenecientes al Grupo Rumasa. El Tesoro Público adjudicó a su antojo las compañías, los compradores y la mayoría de ellos con fuertes vinculaciones con miembros de la administración socialista obtuvieron de esto incalculabes beneficios.

Las tentativas realizadas por la, entonces, Oposición Parlamentaria para examinar estos casos oficialmente, fueron inmediatamente sofocadas. La creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades asociadas a la expropiación y reventa de los activos de Rumasa fue frustrada por el Sr. Solchaga que, de modo inequívoco, declaró que "no habrá comisión de investigación sobre Rumasa mientras yo siga siendo el Ministro de economía y Hacienda".

Esta declaración fue una afrenta para muchos españoles preocupados tanto por las implicaciones morales de todo el asunto.

La negativa del Sr. Solchaga, Ministro socialista, de autorizar una investigación independiente, en el contexto de una democracia parlamentaria sobre la expropiación y reventa de las compañías de Rumasa, evidencia, ante la comunidad internacional, que los procedimientos arbitrarios iban a ser características principales del nuevo Gobierno Socialista, en España, en vez de la apertura y la justicia. La decisión de expropiar los activos de Rumasa ha servido como punto de referencia para los holdings internacionales que podían estar interesados en instalarse en España.

En los catorce años que han transcurrido desde la expropiación se han iniciado numerosos procedimientos legales.

El asunto ha sido llevado ante el Tribunal de Derechos Humanos, en Estrasburgo, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid, y otras instancias.

La expropiación efectiva tuvo lugar mediante la adopción de una legislación especial "ley de caso único", cuyo objeto era impedir que los propietarios pudieran defenderse plenamente en los Tribunales para que juzgaran sobre la legalidad o legitimidad de la acción del gobierno.

En España, el Tribunal Constitucional, es el único con competencia para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Este Tribunal tiene todavía que dictar sentencia detallada sobre el fondo del asunto Rumasa. Sin embargo, ha fallado sobre la forma del procedimiento de expropiación, que fue dictaminado como conforme a la Constitución. Esta decisión continua siendo fuertemente contestada y ha dado lugar a una controversia sin precedentes, incluyendo acusaciones de presión indebida por parte del Gobierno Socialista al Presidente y Jueces del Tribunal.

Visto el fallo del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del procedimiento de expropiación, la familia Ruiz-Mateos ha llevado el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En estas circunstancias, el Gobierno español pudo, con impunidad, violar el derecho fundamental de la propiedad privada. El control total ostentado por el Gobierno sobre las instituciones, en particular, la judicial, combinado con la mayoría absoluta que ostentaba en el Parlamento, dió lugar a que nadie, incluyendo a la entonces oposición parlamentaria, pudiera pedir la constitución de comités de investigación , ni realizar el seguimiento del asunto, a través de los procedimientos democráticos comunmente aceptados.

La familia Ruiz-Mateos sostiene que esto está en completa oposición con los principios de la justicia natural y equidad -principios que han sido suscritos en su totalidad- por los otros Estados miembros de la Comunidad Europea.
los propietarios expropiados sostienen, ademas, que la expropiación y reventa de su patrimonio privado es un escándalo de enormes proporciones y no debería permanecer impune. El Tribunal de Cuentas, al elaborar el balance financiero de la expropiación del Estado, valoró las pérdidas del Gobierno en casi un millón de millones de pesetas. Una valoración objetiva del coste real de la expropiación supera los dos mil millones de pesetas y esto sin incluir ninguna compensación en la parte lesionada.

Ante la falta de responsabilidad y de actividad de los Tribunales españoles, sumisos a quel Gobierno, y con el fin de que el expolio de Rumasa no fuera olvidado por los españoles después de tanto tiempo, José María Ruiz-Mateos se ha visto obligado a realizar, de forma intencionada, toda una serie de acciones testimoniales reivindicativas. Por ejemplo, ingresar voluntariamente en prisión en catorce ocasiones, con el peligro que ello conlleva, fugarse siete veces, con riesgo de su vida, y otras muchas estrafalarias y rocambolescas acciones dirigidas a llamar la atención de la opinión pública y que sus enemigos han calificado de payasadas. Estas acciones, en el fndo, han resultado prácticas y eficaces porque han servido para que el tema de Rumasa se mantenga vivo y para que los españoles hayan seguido reflexionando, analizando y comprobando que una situación tan anómala y atípica como esta no puede sostenerse sin juicio.

La familia Ruiz-Mateos está decidida a que se haga justicia en este asunto. La obtención de dos escaños en el Parlamento Europeo por la candidatura encabezada por el Sr. Ruiz-Mateos, como resultado de las Elecciones Europeas del mes de junio del 89, es un indicio claro de que existe una parte importante de la opinión pública a favor de la familia Ruiz-Mateos y en contra de la expropiación.

No es necesario añadir que,


el Sr. Ruiz-Mateos seguirá luchando inexorablemente para que se haga justicia.