Durante los siglos VIII y IX las tierras alavesas, junto a las del norte de Burgos, constituyeron la frontera oriental del reino asturiano frente a los ataques musulmanes del valle del Ebro.

La primera mención del topónimo Alava data de fines del siglo IX (Crónica de Alfonso III de Castilla), refieriéndose a las tierras de la Llanada, al norte y este de Vitoria. A esta Alava nuclear se sumará otra periférica, integrada por la tierra de Ayala, Treviño, la Rioja Alavesa y la zona al este del río Bayas.

En el siglo X son ya evidentes las influencias de Castilla y Navarra. Así lo revelan los nombres de dos condes que gobiernan sobre territorio alavés: Alvaro Herremálliz ( relacionado con la corte del rey de Pamplona); Jimeno Garcés y Fernán González (con el de Castilla).

A partir de 1024 los documentos presentan a Sancho III el Mayor de Pamplona reinando también en Alava a través de su tenente, el conde Munio González (en el ámbito de los vínculos feudales, la tenencia era el régimen de posesión por un Señor de una determinada tierra por DELEGACIÓN real, lo que implicaba su control militar, administración civil y disfrute compartido de sus rentas aquel Rey o autoridad, a quien sustituirá Fortún Iñiguez, también vinculado a Navarra.

Otra buena prueba de esta orientación del territorio alavés hacia la monarquía pamplonesa la constituye la donación efectuada hacia 1060 por nobles de Alava al monasterio de San Juan de la Peña, situado en la región de Jaca, muy unida a los reyes de Pamplona.

Con el conde Alvaro Díaz concluye la soberanía navarra en Alava, pues en 1076 acaeció el asesinato de Sancho IV el de Peñalén, crisis aprovechada por Alfonso VI de Castilla para incorporar temporalmente a su reino La Rioja, parte de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava.

La restauración del reino pamplonés con García Ramírez en 1134 tuvo como consecuencia que este monarca se intitulase rey de Pamplona, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, correspondiendo la tenencia de estos tres últimos territorios a Ladrón I, forjador del linaje alavés de Guevara, quien se consideró siempre navarro y, de hecho, fue conocido como Ladrón de Navarra, aunque su vida política se desarrollase en la corte castellana, aunque finalmente retornara a la obediencia del Rey navarro.

En 1179 Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI el Sabio de Navarra firmaron un tratado que fijaba la frontera entre sus reinosa lo largo de una línea que, en el occidente de Guipúzcoa, desde el Cantábrico remontaba el curso del río Deba y continuaba, ya en Alava, siguiendo los ríos Bayas y Zadorra.

Consecuencia del mismo fue que toda Alava quedase bajo la soberanía navarra. Asimismo, el gobierno condal de la familia Guevara en esta provincia se disgregó en una serie de tenencias cuyos titulares eran renovados frecuentemente por el monarca navarro, siguiendo la costumbre de organización administrativa feudal que imperaba en el reino pirenaico.

Esta reestructuración política del espacio alavés se vio acompañada por un proceso de fundación de villas por Sancho VI el Sabio: Laguardia (1164), Vitoria (1181), Antoñana (1182) y La Puebla de Arganzón (1191); la última fundación navarra en Alava fue Labraza, realizada en 1196 por Sancho VII el Fuerte.

La situación de fortalecimiento navarro en el territorio cambió de manera radical con la conquista efectuada por Alfonso VIII de Castilla entre 1199 y 1200, quien previamente había negociado con los nobles alaveses, descontentos con la política de los reyes navarros de fortalecimiento del realengo y fundación de villas.

A excepción del territorio dominado por la Cofradía de Arriaga, de la que hablaremos poco más abajo, toda Alava quedaba en manos de Castilla.

La adhesión a esta última monarquía será ya definitiva, salvo el breve paréntesis abierto con motivo de la guerra civil castellana del siglo XIV entre Pedro I y Enrique de Trastámara, durante la que Carlos II de Navarra retuvo durante escasos 5 años algunas villas alavesas.

La fundación de villas en Alava durante los siglos XII y XIII fue protagonizada, pues, por los reyes de Navarra y Castilla según las alternancias en la titularidad de la soberanía política, y terminó en 1338 con la fundación por Alfonso XI de Castilla de Monreal de Zuya.

Cuando un monarca medieval promulgaba una carta de poblamiento, ello conllevaba el otorgamiento de un FUERO. Estos instrumentos legales que regulaban las relaciones entre el Rey y sus vasallos aparecen como el reconocimiento por parte de la autoridad de una serie de exenciones y privilegios a favor de una comunidad asentada o por asentar en un determinado núcleo, respondiendo a un interés común por parte del poder real y de la comunidad beneficiada, quedando reestructurado el tejido social al fundarse nuevos núcleos de población con atrayentes condiciones de vida.

Si consideramos que en Alava, también en Guipúzcoa, fueron los reyes quienes llevaron a efecto de manera exclusiva la política de fundaciones, es lógico deducir que ésta se constituyó en una herramienta de primer orden para fortalecer la posición real en aquellos lugares, en detrimento de la nobleza feudal de la tierra.

Este afianzamiento del realengo tiene una clara finalidad política pero también económica, pues la concesión de un fuero conlleva el incremento de las rentas reales derivado, entre otras circunstancias, de la diversificación de las actividades, el desarrollo de los intercambios y las rutas comerciales.

Se ha citado a la Cofradía de Arriaga, así llamada por el lugar donde realizaban sus juntas, y de ella debemos ocuparnos ahora, pues también hemos advertido que con la conquista de Vitoria en 1200 no toda Alava quedó en manos del monarca castellano.

La primera mención documental data de 1258 y en ella la Cofradía presenta ya unos perfiles bien definidos, por lo que lógico es pensar que su formación fuera bastante anterior.

Ya en la segunda mitad del XI ciertas informaciones nos ayudan a entrever la existencia de senñores o barones con capacidad para ejercer determinadas acciones jurídicas que, mediado el siglo XII, elegían a un señor. Este, en un territorio organizado en merindades o circunscripciones, administraba justicia, de manera personal o a través de merinos o alcaldes nombrados por él, era responsable de la defensa manteniendo las tenencias de los castillos y en reconocimiento de este señorío recibía de los labradores el impuesto llamado pecho forero.

Era en definitiva una organización de base feudal, formada por nobles de muy distinto rango (a ella pertenecerán pequeños hidalgos, pero también algunos de los más ilustres apellidos de la nobleza alavesa, como los Rojas, Mendoza, Hurtado de Mendoza, Ayala o Guevara) y campesinos dependientes, que dominaba un territorio netamente diferenciado del realengo, controlado por el monarca.

Pues bien, la Cofradía de Arriaga concluyó con su autodisolución en 1332, fecha en la que se produjo el llamado Pacto de Arriaga o Entrega voluntaria de las tierras de la Cofradía a Alfonso XI de Castilla y León.

La interpretación de este acontecimiento pasa por la valoración conjunta de varios factores, entre los que resaltaremos dos: primero, el enfrentamiento entre los miembros de la Cofradía y algunas villas realengas fundadas dentro de su territorio, como Vitoria y Salvatierra, que disputaban a aquélla la jurisdicción sobre los núcleos de población de su alfoz o término jurisdiccional (conflicto en el que necesariamente la fortaleza monárquica castellana habría de terminar imponiéndose).

Y segundo, las dificultades que desde la segunda mitad del XIII atravesaba la nobleza alavesa, en el contexto general de las transformaciones del sistema feudal o crisis bajomedieval, en forma de caída de sus rentas.

En contrapartida a su autodisolución los hidalgos alaveses obtuvieron de Alfonso XI el reconocimiento de su estatuto jurídico privilegiado, lograron fijar a los campesinos a la tierra para impedir su huida a lugares privilegiados como las villas realengas y se aseguraron el control de importantes fuentes de ingresos como el aprovechamiento de los montes.

En definitiva, no sólo garantizaron su subsistencia sino que algunos de sus más insignes miembros vieron enormemente favorecida su posición y ascendencia sobre la sociedad alavesa.

En otro orden de cosas, la historia eclesiástica, no sólo de Alava sino también de Vizcaya, apunta de igual forma a la vinculación con Castilla:

a) Desde finales del siglo XI, Alava pertenecía enteramente a la ya castellana diócesis de Calahorra.

b) Vizcaya quedaba subdividida en dos sectores de influencia: Las Encartaciones, al oeste del río Nervión, incluidas en la diócesis de Burgos; y el resto, en la de Calahorra.

c) Guipúzcoa es en este aspecto ciertamente más complejo: mientras que su borde occidental, limítrofe con Vizcaya, pertenecía a Calahorra, los demás territorios estaban adscritos a la sede episcopal de Pamplona, salvo las tierras delimitadas por los ríos Bidasoa y Oyarzun que dependían de la diócesis francesa de Bayona.

Esta situación se mantuvo durante toda la Edad Media ; el mismo Fernando el Católico, a petición de los naturales del país, intentó sin éxito conseguir un vicario general que independizara la provincia de Guipúzcoa de las diócesis de Bayona y Pamplona.

No fue hasta 1566 cuando Pío V concedió la desmembración del obispado de Bayona y la incorporación al de Pamplona de estos territorios, mas ya la pertenencia de Guipúzcoa a uno u otro obispado carecía de la trascendencia política anterior, pues hacía tiempo que la propia Navarra había sido conquistada por Castilla.