EL HISTORIAL DE ESTA MAFIA :

La investigación judicial que inició en 1998 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre el entramado financiero y político que sustenta ETA se ha visto salpicada en los últimos dos años por polémicas decisiones adoptadas por la Sección Cuarta de la Sala Penal, encargada de revisar buena parte de las resoluciones dictadas por el instructor. Ahora, la Sección ha unido a estos antecedentes de su discutida actuación otra resolución que, más allá de ser polémica, la realidad ha avalado como errónea: la excarcelación del presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, huido a quince días de su juicio.

Y lo cierto es que la Sección Cuarta ha abierto la primera crisis que debe afrontar el nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, quien ha tomado posesión de su cargo hace apenas quince días.

EL CASO DE XAKI Y BELOKI

Si bien Garzón no siempre se ha visto desautorizado por la Sección Cuarta en pleno, lo cierto es que en al menos ocho ocasiones dos de los magistrados que la componen, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, sí han avalado la excarcelación de personas acusadas por el juez de delitos terroristas e, incluso, han revocado autos de procesamiento.

El 7 de noviembre del año 2000, por ejemplo, este Tribunal acordó la puesta en libertad bajo fianza de un millón de pesetas de Elena Beloki, a quien Garzón acusó de pertenencia a banda armada como una de las responsables del «aparato internacional» de ETA, denominado Xaki. Pese a que Garzón estima que Beloki «mantiene una relación fluida con ETA» y «participa en la captación» para la banda terrorista, lo cierto es que la Sección Cuarta consideró que los indicios contra Beloki «no se han extendido a ninguna de las actividades criminales que son propias de la organización terrorista».

Poco después, el 8 de febrero de este año, la Sección Cuarta puso en libertad a otros tres miembros de Xaki encarcelados por Garzón y revocó el procesamiento de cinco de las quince personas a las que el instructor había imputado formalmente los delitos de integración o colaboración con ETA. Según argumentó la Sala en ese momento, por ejemplo, corroborar información para ETA no siempre es delito.

MATANZAS LIBRE Y REI NO SATANIZA

El 4 de abril de 2001, la misma Sección volvió a desautorizar a Garzón y dejó en libertad previo pago de una fianza de un millón de pesetas a siete de los catorce detenidos acusados de pertenecer al «aparato político» de ETA, Ekin, entre ellos al abogado José María Matanzas, responsable también de las Gestoras pro Amnistía. Y mientras esta Sección Penal tomaba esa decisión, Garzón, previa petición de la Fiscalía de la Audiencia, ilegalizó Ekin. Otros cinco detenidos acusados de pertenecer a la «trama Ekin» y de favorecer la estrategia de desobediencia civil dictada desde ETA a través del proyecto «Pitzu Euskal Herria» (Encender Euskal Herria) quedaron en libertad un mes después, el 19 de mayo. Y, también por decisión de la Sección Cuarta, el 13 de junio se dictó orden de libertad para Pepe Rei, director de la revista «Ardi Beltza» (Oveja negra), acusado por Garzón de pertenencia a ETA. En este caso, el Tribunal entendió que con sus trabajos en la publicación «no ha satanizado o señalado» a periodistas como futuros objetivos de ETA. Sin embargo, la Sección sí confirmó su procesamiento como colaborador de ETA a través de sus trabajos de «investigación» en Egin.

«CONCEPTOS TRASNOCHADOS»

El 3 de julio, la Sala dio una de cal y otra de arena respecto a otra decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Si de un lado el Tribunal confirmó el procesamiento de 22 personas relacionadas con la empresa Orain, de otro alzó tal medida respecto a otras cuatro. Este procesamiento fue acordado por Garzón el 20 de noviembre de 1998 por supuestos delitos de colaboración con ETA, alzamiento de bienes y allegamiento de fondos a ETA en el marco del denominado «proyecto Udaletxe» para favorecer a la banda terrorista.

El último episodio polémico ha tenido lugar este mismo mes de diciembre, cuando la Sección, de nuevo por mayoría y no por unanimidad, dejó en libertad a los últimos seis miembros de Ekin que permanecían en prisión. En este caso, la decisión contó con un voto particular contrario al criterio de Cezón y López Ortega redactado por el magistrado Carlos Ollero, quien les reprocha su «trasnochado concepto del terrorismo».

De los más de cien detenidos por orden de Garzón en diferentes operaciones contra ETA y su entorno actualmente están en libertad más de sesenta, la mayoría de ellos por resoluciones de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.














> Lao_zi ha escrito:
> El Consejo General del Poder Judicial debe expulsar de la carrera judicial a los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así de sencillo. Así de simple. Porque resulta que estos tres jueces que han permitido la huida del capo del narcotráfico contra toda lógica y sentido común, y contra la opinión de la fiscalía, son los mismos que han soltado a los etarras de Ekin, aunque en este caso el juez Ollero estaba en contra, y son los mismos que han liberado hace meses a otros terroristas vascos que había encarcelado el magistrado Garzón.
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> Estos tres jueces para la infamia, Carlos Ollero, Carlos Cezón y Juan José López Ortega deben ser expulsados inmediatamente. Son una a modo de Penélope perversa que se dedican a destejer por las noches la Justicia con mayúsculas contra el Crimen Organizado que teje de manera ejemplar Baltasar Garzón. El Estado de derecho español no puede permitir ni un minuto más esta ignominia.
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> Dicen los expertos en colectivos del Crimen Organizado como son la Mafia italiana, el Narcotráfico colombiano o la ETA vasca que la estrategia de “tocar” jueces y políticos clave en el Estado de derecho contra el cual actúan, es decir, conseguir que haya “hombres comprensivos” en las instituciones se logra con una combinación de técnicas de motivación positivas y negativas. Una motivación positiva es, por ejemplo, una importante suma de dinero en una cuenta de un paraíso fiscal. Una motivación negativa es la promesa de respetar la vida del interfecto y de su familia que de otra manera se vería en peligro cierto.
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> A la vista de lo sucedido con estos tres jueces miserables, podemos reflexionar sobre el distinto tipo de motivación que utilizan los narcotraficantes y los etarras, y cómo estas motivaciones pueden afectar de distinta forma a algún juez.
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> Repitamos los nombres de estos tres jueces que atentan contra el Estado de derecho español: Carlos Ollero, Carlos Cezón y Juan José López Ortega. Si el Poder Judicial no los expulsa, quizá deberemos pensar en que los “hombres comprensivos” proliferan por todas las instituciones, incluso en las más altas. Y entonces la sociedad civil deberá rebelarse.
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> Saludos del viejo Lao zi