Anti Pop-ups y Antivirus gratis: descárgate la barraHaz de HispaVista tu página de inicio
Buscar en Internet:
Recomendados:
Cuando El Mudo Rompe A Hablar

Hispavista Foros

» ESCALAS AUXILIARES Y CAE DEL ET » Cuando El Mudo Rompe A Hablar

Ayuda Nuevo usuario
Usuario:      Clave:
Buscar en los Foros: Búsqueda avanzada


Respuesta
 
Herramientas Visualización
  #1  
Viejo 23/Jan/06, 20:08
barrelo1
Usuario activo
 
Fecha de ingreso: 19/Sep/05
Mensajes: 192
Predeterminado Cuando El Mudo Rompe A Hablar

PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO


LA NOTICIA política más relevante de estos últimos días ha sido, junto con la ya sempiterna discusión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cese del teniente general Mena, jefe de la fuerza de Tierra en la Capitanía General de Sevilla. Y lo que es asimismo destacado, su arresto domiciliario, por indebida intromisión en la actividad más propiamente política, por parte del ministro de Defensa. Una situación que ha despertado la comprensible expectación en significativos sectores de la opinión pública, y hasta de la clase política, así como el disgusto de algunas asociaciones de militares en la reserva o ya jubilados de todo servicio. Incluso, y como resaca de lo acontecido, el mismísimo ministro de Defensa habría proscrito, de ahora en adelante, los tradicionales discursos de los altos jefes del Estado Mayor, argumentándose el no deseable solapamiento con el más importante de todos ellos: el del Jefe del Estado con ocasión de la celebración de la Pascua Militar.

Pues bien, tales hechos, decíamos, han abierto la discusión sobre el cometido de las Fuerzas Armadas en un régimen constitucional. Al respecto, lo primero que debemos dejar claro, y sin un ápice para la duda o la confusión, es la improcedencia e inoportunidad de tales declaraciones. En un sistema democrático, el poder militar se encuentra siempre expresamente sometido al poder civil. Es decir, tal y como enuncia clarísimamente la Constitución, es al Gobierno a quien corresponde la dirección de la política interior del Estado, así como la de su Administración militar (artículo 97). La neutralidad política es, por tanto, uno de los principios que deben presidir la actuación de las Fuerzas Armadas, por lo que a éstas no compete enjuiciar, como ahora, con independencia de su intencionalidad, la situación por la que pasen realidades políticas como la soberanía nacional, la defensa de la integridad de España o de su ordenamiento constitucional (artículo 8 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de 1978).

Por lo afirmado, cualquier militar, y de manera especial sus oficiales y jefes, debe abstenerse, en todo caso y en cualquier lugar, de realizar afirmaciones que puedan ser entendidas como una intromisión, por leve que sea, en asuntos de naturaleza o calado político. No sirviendo de pretexto, como habría sido el caso que nos ocupa, que la argumentación se haya realizado al hilo de una mera exégesis sobre las atribuciones encomendadas en nuestra Carta Magna: «Las Fuerzas Armadas¿ tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Unas Fuerzas Armadas que, dada su específica naturaleza, tienen limitados, cuando no en algunos casos hasta excluidos, su libertad de expresión, el derecho de petición colectiva, las libertades de sindicación y huelga, el derecho de sufragio pasivo, las libertades de reunión y circulación, sin olvidar la existencia de un régimen penal y sancionador diferenciado, y hasta de una jurisdicción específica: la justicia militar. Sancionándose consecuentemente con especial rigor la insubordinación y la indisciplina.

Ésta, y no otra, es la acción constitucionalmente reclamable a nuestras, también lo queremos dejar claro, ejemplares Fuerzas Armadas (las acusaciones vertidas en el periódico Avui sobre el Ejército y las madres de los militares constituyen unas injustificadas y graves injurias). Una exigencia en la que se debe ser además especialmente cuidadoso, ya que no podemos desconocer que nuestra historia constitucional se encuentra excesivamente asaltada por intromisiones del Ejército en la vida civil de la nación. Baste con el recordatorio de la sublevación de Pavía en 1874 poniendo fin a la República Federal, del golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 contra la Constitución de 1876 o del levantamiento del general Franco en 1936 frente a la II República. Una realidad feliz e irreversiblemente superada, pero que nos otorgó el dudoso honor de acuñar un concepto patológico en el Derecho comparado: los pronunciamientos.

Ahora bien, seríamos cínicos si no denunciáramos asimismo la errática y confusa política de gestos auspiciada, en demasiadas ocasiones también, desde un histriónico Ministerio de Defensa. Una situación que no favorece la intervención de nuestros militares en determinados actos con evidente trascendencia mediática. En suma, no dudo que las Fuerzas Armadas de la España constitucional satisfacen los deseos del político francés Royer-Collard, cuando afirmaba que «el ejército debe estar siempre en armonía con el país en cuyo seno existe; debe participar en su espíritu y en su composición del estado de la sociedad, poseer sus luces y seguir sus progresos».

Pero no estoy tampoco menos de acuerdo con la ya metafórica afirmación de Vigny de que las fuerzas armadas, al menos a tales efectos, no pasan de ser un sujeto «mudo y ciego». ¡Salvo, como hemos comentado, que rompan a hablar!
Responder citando mensaje
Respuesta